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| Foto: La nueva España |
El balance de la situación económica del Oviedo a 31 de marzo de 2012
no puede ser más desastroso. Las cuentas elaboradas por el consejo de
administración formado por Alberto González y Ángel Martín Vaca no sólo
revelan el caos de su gestión sino que además colocan al club al borde
del abismo.
Uno de los aspectos más graves es el incumplimiento
del convenio de la suspensión de pagos. El Oviedo tiene que asumir
compromisos económicos derivados de ese convenio firmado en 2004. En
teoría, éstos no supondrían ningún impedimento insalvable, ya que las
cantidades que tiene que pagar actualmente no llegan al 15 por ciento
del presupuesto que tiene el club azul.
El Oviedo tiene que
aportar anualmente 320.000 euros al convenio de acreedores más los
intereses de demora, mientras milite en Segunda División B, de los que
300.000 euros corresponden a pagos a la Hacienda Pública y 20.000 euros a
la Seguridad Social.
Es la única obligación económica derivada
del convenio firmado el 13 de diciembre de 2004 por el club con Hacienda
y la Seguridad Social para el pago de la deuda del club.
En esa
fecha, la deuda del Oviedo con la tesorería de la Seguridad Social
ascendía a 1.017.727, 55 euros, estableciendo unas cuotas de pago
durante diez años, contados desde la firma del acuerdo. Las cantidades a
pagar varían en función de la categoría en la que milite el equipo y
van desde los 12.000 euros en Tercera a los 75.000 euros anuales si el
equipo milita en Primera División. En la actualidad, la cantidad anual
es de 20.000 euros.
Esas cantidades se deben abonar antes del 20
de junio de cada año natural. Adicionalmente, se deberá abonar a la
Seguridad Social un porcentaje de los ingresos provenientes del traspaso
de jugadores.
Por su parte, la deuda del club con Hacienda
ascendía en esa fecha a 13.298.388 euros, cantidad que debe ir
liquidando en cuotas anuales en función de la categoría en la que
milite. El importe mínimo a pagar desde la temporada 2007-2008 es de
300.000 euros y va también en función de la categoría en la que esté el
equipo. En caso de que el equipo lograra llegar a Primera División la
cantidad a pagar sería el 50 por ciento de los derechos audiovisuales.
Además,
adicionalmente la Hacienda Pública percibirá un porcentaje proveniente
de los traspasos de jugadores que realice el club, si los hubiere, y en
función de las cantidades que reciba.
El consejo del Oviedo
reconoce una deuda con Hacienda, derivada de incumplimientos de pagos
del convenio por importe de 1.051.678 euros, una cifra que desvela que
lleva más de tres años sin atender las cantidades comprometidas en el
convenio.
Por lo que respecta a la Seguridad Social, la deuda es
de 80.000 euros, lo que corresponde a cuatro anualidades del convenio.
Por si fuera poco grave, las deudas del Oviedo con los organismos
públicos sufren un incremento considerable ya que el actual consejo de
administración mantiene una deuda con Hacienda por el IVA e IRPF,
cobrados y no ingresados, por importe de 1.193.315, 76 euros. De esta
cantidad se deduce que el club lleva dos temporadas consecutivas sin
ingresar el IVA que recauda ni tampoco las retenciones que efectúa en
las nóminas a jugadores y trabajadores.
Con la Seguridad Social
sucede más de lo mismo. A 31 de marzo, el club admite una deuda con el
organismo, correspondiente a los seguros sociales de jugadores y
empleados por importe de 573.475,36 euros. Teniendo en cuenta que el
club debe afrontar cada temporada alrededor de 325.000 euros por este
concepto, el consejo lleva casi dos temporadas sin hacer frente a los
seguros sociales.
En su balance de gestión el consejo también
reconoce una deuda con los trabajadores de 148.400 euros, una cifra a la
que se tienen que añadir las cantidades que tiene pendientes de los
tres meses que faltaban para cerrar el ejercicio, abril, mayo y junio.
Sin
embargo, la partida más alarmante son los acreedores a corto plazo. La
deuda es de 3.611.144,32 euros, a fecha 31 de marzo, pero esta cifra se
verá incrementada en alrededor de 600.000 euros más, ya que en ellas no
se incluyen las cantidades que tiene pendientes de los últimos tres
meses de la temporada.
En el informe que formula el consejo de
administración para justificar una ampliación de capital por 17,2
millones de euros asegura que con esa cantidad «se eliminarían de la
contabilidad las valoraciones del Requexón y las de la cesión del uso
del Tartiere, que de acuerdo con las opiniones profesionales recogidas
en informes encargados por los accionistas no son correctas».
Esto
supone reconocer que la valoración efectuada al cierre del ejercicio
2007, en la que fijó un precio de los terrenos del Requexón en 14,5
millones de euros, doblando su revaloración no deja de ser un artificio
contable para maquillar las cuentas de la sociedad.
Igual ocurre
en el caso del uso de los bajos del Tartiere, que el Ayuntamiento cedió
al club para su uso, con una superficie aproximada de 1.219 metros
cuadrados y que está contabilizado en las cuentas como un activo de
1.755.392 euros. Los bajos habían sido objeto de un contrato de alquiler
con una tercera empresa que iba a explotarlos, pero que al final
desistió de su proyecto.
En el informe de gestión del ejercicio
finalizado en junio de 2011 el consejo dice «que la evolución del
negocio durante el ejercicio se ha correspondido con las revisiones». El
presupuesto preveía un superávit de 32.000 euros y el déficit fue de
1,8 millones de euros.
Todavía peor
Para la temporada recién
finalizada, a pesar de tener el precedente de la anterior, confeccionan
un presupuesto con un superávit de 82.000 euros, cuando realmente sabían
ya que las pérdidas iban a estar en las cifras de la temporada
anterior. Llama también la atención que las cuentas de la sociedad están
firmadas por los accionistas de Control Sport XXII y por el secretario
no consejero, Arturo Alonso Fernández, un personaje que nunca dio la
cara.
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